A 13 años de la muerte del Sub- comisario Jorge Omar Gutiérrez, asesinado por investigar los ilícitos de la aduana paralela, familiares y amigos exigen la REAPERTURA DE LA CAUSA Y EL CUMPLIMIENTO DE LO RESUELTO POR LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH). Asimismo, le exigen a la Sra. Jueza Garmendia “que actúe en una causa que hace más de 9 años en sus manos. Por otra parte, no olvidaremos jamás la actitud cobarde que tuvieron los jueces de la Sala 1º de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, María Rosentock, Pedro Soria y Eduardo Hortel, garantes de la impunidad reinante por haber dictado la absolución al asesino de la Policía Federal, Daniel Alejandro “Chiquito” Santillán, así como del resto de los autores materiales e intelectuales”. Antecedentes
Jorge Gutiérrez, casado y padre de tres hijos, fue asesinado de un disparo en la nuca el 29 de agosto de 1994, cuando viajaba en un tren de la ex línea Roca en dirección hacia su casa de Quilmes. Al momento del crimen, Gutiérrez, quien se desempeñaba en la comisaría 2da. de Avellaneda, investigaba la presunta existencia de un cargamento de droga ingresado al país de contrabando a través de la llamada "Aduana Paralela" en un depósito fiscal de Avellaneda.
Cuando encontraron el cadáver, Gutiérrez tenía puesto su uniforme reglamentario, su pistola reglamentaria, la chapa identificatoria, un portafolio, un anillo y una cadena de oro.
Poco después del homicidio, el 23 de setiembre de 1994, fue detenido el policía de la Federal Alejandro Daniel "Chiquito" Santillán, señalado por testigos que viajaban en el convoy, como el presunto autor del disparo que provocó la muerte de Gutiérrez. Al policía lo acompañaba otro efectivo, apodado "Colorado", quien nunca fue buscado por los investigadores.
En 1996, Santillán fue condenado a reclusión perpetua por el juez de la Plata Guillermo Atencio, pero tras permanecer dos años detenido recuperó la libertad, ya que la Cámara Federal de esa ciudad lo absolvió por "dudas insalvables" sobre su culpabilidad.
El hermano del policía asesinado, el diputado nacional Francisco Gutiérrez y la viuda de la víctima recurrieron a la CIDH con el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el 20 de febrero de 2003, el organismo consideró "admisible" el estudio del caso.
En su reclamo, los familiares de Gutiérrez denunciaron "obstrucción de justicia" en la investigación realizada por la Policía Federal, a la que responsabilizaron de no colaborar en la causa, que fue calificada como "incompleta y deficiente". Además, consideraron que "el Estado no cumplió sus obligaciones de investigar el asesinato y procesar y castigar a los responsables, en observancia de las normas del debido proceso".
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